En vista de la confusión interesadamente creada y -todo hay que decirlo- de la actitud injustificadamente  deferente hacia el Estado (es decir: hacia quienes lo gobiernan) de buena parte de la ciudadanía española, que tiende a dar por bueno cualquier mensaje proveniente de las autoridades políticas y/o de sus interesados mensajeros, hay que recordar lo obvio:

1º) Cortar una carretera o una vía férrea no tiene por qué ser violencia, en el sentido jurídico de la expresión. Puede serlo, si afecta inmediatamente a la libertad de movimientos. (En un sentido más lato, tal vez podría calificarse siempre de tal. Pero dicho sentido lato -interesante para ciertos debates morales, de los que me he ocupado en otras ocasiones- carece de relevancia desde el punto de vista legal.) Y, en todo caso, no constituye un hecho que ponga en peligro la vida o la salud de las personas (aunque, por supuesto, depende del método empleado).

2º) En cambio, sí es violencia (policial) emplear las armas para golpear a quienes cortan la carretera o la vía férrea. Una violencia que pone en peligro, en el mejor de los casos, la salud y la integridad física de las personas, además de su libertad. Y, en tanto que tal violencia, sólo puede estar justificada, desde el punto de vista jurídico, con dos condiciones: a) primero, que el comportamiento de quienes cortan la carretera o la vía estén cometiendo alguna infracción; y b) segundo, y sobre todo, que los medios empleados para acabar con el corte viario respeten el principio de proporcionalidad. (Me he ocupado de esto, con detalle, en otra entrada de este Blog.)

Proporcionalidad significa, aquí, que un policía sólo puede emplear la violencia contra terceros, si estos están cometiendo alguna infracción, para acabar con la misma, con dos límites estrictos:

- Ha de emplear siempre el medio menos lesivo de los disponibles.

- Y, en todo caso, no puede causar más daño que el que trata de evitar.

Pensemos un instante en esta última limitación: ¿se puede desocupar una vía causando lesiones a los ocupantes (supongamos que ilegalmente -aunque, por supuesto, esto habría que determinarlo, caso por caso, no se puede dar por supuesto)? Para que tamaña actuación policial (extraordinariamente grave, insisto: violencia contra las personas, que pone en peligro su libertad, su salud y, a veces, su vida) fuese legal, haría falta demostrar que no había otro medio disponible para desocupar la vía. Y, sobre todo, que era mucho más grave permitir que la vía siguiese ocupada que lesionar a una o varias personas.

Pero, ¿quién puede sostener seriamente que causar lesiones a una o varias personas es menos grave que mantener interrumpida la circulación por una carretera o una vía férrea, aun en el supuesto de que esto pueda verse también como un mal, en el caso concreto?

La conclusión de lo anterior sería: de acuerdo con el Derecho español, un policía que lesiona a quien corta el tráfico (y no causa más daños que éste) está delinquiendo, por más que -como ya señalé en otra ocasión- su delito tenga una pena atenuada.

Con la interesante consecuencia de que, frente al delito cometido por el policía, cabe, por parte del particular, legítima defensa: el particular agredido por el policía puede, en efecto, de acuerdo con el Código Penal español, reaccionar repeliendo la agresión (las lesiones que el policía le intenta causar), si ello es estrictamente necesario, incluso dañando al policía mismo. Eso sí, solamente hasta el límite de lo estrictamente necesario para repeler su agresión, nunca más. De manera que, por ejemplo (y por no ponernos en situaciones más trágicas), el ocupante de una carretera que se ve atacado por un policía, con ánimo de lesionarle, de una manera que no puede ser justificada legalmente, podría, a su vez, por ejemplo, inmovilizar al policía y atarle, sin cometer con ello ni delito de atentado ni delito de detención ilegal.

Esto es el abc del Derecho Penal, que enseñamos en clase a nuestr@s alumn@s de primero de Derecho. Y, sin embargo, l@s jueces, generalmente, tienden a ignorarlo. Y los medios de comunicación, directamente, lo dan la vuelta, convirtiendo a agresores en agredidos, y viceversa.

Y es que el Estado de Derecho no ha sido nunca cómodo para los poderosos, por más que nos quieran hacer creer que ellos son sus máximos valedores...